Me preocupa cuando el jefe supremo de las Fuerzas Armadas opina públicamente sobre el comentario que una ciudadana emitió en sus redes sociales. Me preocupa, que el jefe del Ejecutivo sugiera que esta persona se deba disculpar por sus comentarios. ¿Se imaginan que cualquiera de ustedes que me leen, que no sean personas públicas, ni servidores públicos, o que sus hijas o hijos escriban un desafortunado comentario en Facebook, y sea, nada más y nada menos que el presidente de su país quien opine sobre su publicación?
¿Por qué quien está al mando de un país que rompe récords de violencia y tiene infinidad de temas importantes en la agenda tendría que opinar de algo tan irrelevante? Porque se lo preguntaron. Y es justo aquí en donde se pone más interesante. La persona que le hizo semejante pregunta al mandatario fue un sujeto que, según el día, es el medio de comunicación para el que presume trabajar, en sus redes sociales es el principal aplaudidor de las actividades del gobierno, el mismo que aprovechó ese foro para llamar “cirquero” a Jorge Ramos. El presidente contestó porque le preguntaron, y él preguntó porque el presidente le dio la palabra. Es perverso.
Mientras discutíamos esto, la Cámara de Diputados aprobó tres leyes que dan forma a la más reciente reforma educativa. Uno de los temas poco abordados es el que tiene que ver con la infraestructura física educativa, es decir, el estado de las escuelas. Gracias al censo que se hizo en el 2013 pudimos saber por primera vez cuántas escuelas había, cuántos alumnos y maestros tenía cada escuela, y en qué estado se encontraban. Lo aprobado la semana pasada acaba con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), y deja todas sus atribuciones directamente en la Secretaría de Educación Pública, quien tendrá que “a través de la instancia que determine” (psst, psst, Esteban, eso hacía el INIFED) encargarse de lo relacionado con materia de infraestructura, desde construcción, equipamiento, mantenimiento y reforzamiento. La secretaría otorgará recursos a los Comités Escolares de Administración Participativa, que tendrán como objetivo “dignificar los planteles educativos”. Los comités estarán formados por docentes, directivos, madres y padres de familia y estudiantes a partir de cuarto grado de primaria y se renovarán cada año. Políticamente justifican estas acciones de la misma forma en la que se justifican todas las demás: “¡había corrupción, hay que destruirla!”. El problema en dejar de apostarle a las instituciones (que deberían corregirse) es que, si el techo se cae, las computadoras no se compraron o la obra queda a medias, será responsabilidad de directivos, padres, madres de familia y estudiantes desde nueve años edad. Cuando es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de nadie. De la misma forma es que resulta sumamente rentable la figura del “Pueblo sabio”, en donde todos saben todo, en realidad, nadie sabe nada, pero no importa.
Las leyes aprobadas todavía tienen que ir al Senado, veremos. Total, si alguna escuela se nos cae, siempre podremos encontrar una imprudencia en las redes de la que presidente pueda opinar. ¿Ya escribieron algo en Facebook hoy?
